El Alcalde y 3 Concejales imputados por los contratos

El Juzgado 2 de Carmona los cita a declarar el próximo 21 de marzo mientras que el regidor sigue sosteniendo su inocencia

Tras el recurso del PP contra el sobreseimiento provisional en marzo pasado del denominado Caso de los Contratos al que se enfrenta el alcalde de Mairena del Alcor, Antonio Casimiro Gavira, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carmona lo reabrió a finales del pasado mes de diciembre, por lo que para el próximo 21 de marzo a las 12,30 del mediodía está citado a declarar el regidor junto a tres de sus concejales y miembros del gobierno socialista de la localidad: Manuel Ortega, Santiago Ortega, y Antonio Soria. El caso, por tanto, se amplía ahora afectando a cuatro ediles, quienes declararán en relación a una serie de contratos laborales supuestamente partidistas y en fraude de ley, que el Ayuntamiento vino realizando desde finales de los años 90. De esta modalidad de acceso laboral se beneficiaron militantes socialistas de la localidad y familiares de cargos públicos, según cita la demanda judicial.

El caso, por tanto, se halla en fase de diligencias previas, en la que también testificará el portavoz del PP en el pleno mairenero, Juan Galocha, como representante del grupo denunciante. Todo después de que el equipo de gobierno de Mairena del Alcor efectuara un gran despliegue meses atrás congratulándose por la paralización provisional y cargando contra los medios informativos que se hicieron eco de la noticia. Sin embargo, en el auto, fechado el pasado 30 de diciembre pero que no se conoció hasta bien entrado el mes de enero, el titular del juzgado que acoge el caso sostiene que “tras un nuevo y pormenorizado examen de las pruebas hasta ahora practicadas, fundamentalmente, la documentación obrante en los autos y el informe de la Secretaría del Ayuntamiento de Mairena del Alcor debe reconsiderarse la inicial decisión de sobreseimiento provisional ya que efectivamente, hay indicios suficientes de hechos que, de ser ciertos, pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación”.

Más aún, el documento judicial indica que del informe de la Secretaría municipal y de los expedientes de contratación que se han analizado se desprende que hay “contrataciones de personal laboral prescindiendo total y absolutamente de procedimiento de selección”, y en algunas ocasiones también “de las propuestas elaboradas por los equipos técnicos del Ayuntamiento”. Las relaciones de parentesco son asimismo señaladas por el auto judicial, llegando éste a ilustrar ejemplos de anomalías en las contrataciones en lo relativo a parentescos entre algunos concejales y contratados, sin proceso de selección previo y anteponiéndose a otros trabajadores que habían desempeñado las mismas funciones con anterioridad y que conocían bien su ámbito de actuación, por lo que habían sido propuestos. Esa misma tipología de contrataciones son igualmente advertidas por el juez en su auto en lo relativo a contratos que vinculaban al Ayuntamiento de Mairena del Alcor con afines y afiliados del PSOE.

Son, en suma, la base razonada del juez, incluso recalcada en el documento en lo referido a la existencia de “elementos suficientes para imputar un delito de prevaricación al alcalde mairenero, quien suscribió la mayor parte de los contratos”. Aunque extiende esa significación a “otros funcionarios con capacidad de representación de la Corporación”, en alusión al primer teniente de alcalde, Santiago Navarro, al segundo teniente de alcalde, Antonio Soria, o al edil Manuel Ortega, en virtud a diversas contrataciones que –se indica- no se sujetaron a la normativa establecida. Por otra parte, la Justicia pide ampliar las diligencias a otros requisitos documentales que habrá que recabar a la Seguridad Social y al mismo Consistorio.

El Gobierno contra Manos Limpias

Nada más tenerse noticias de la reapertura judicial del caso, el gobierno mairenero salió al paso para esgrimir públicamente su versión de que se ha respetado la legalidad escrupulosamente. De este modo argumentó que dichas contrataciones no fueron más que el “efecto colateral” de las impugnaciones del sindicato Manos Limpias a las oposiciones desde 2001. Para el equipo de gobierno esa es la razón que les llevó a realizar la contratación externa de la veintena aproximada de casos ahora en cuestión. Y profundizando en la idea, la nota de alcaldía se ufanaba de haber ganado “in extremis” frente a los recursos del sindicato. Para ello esgrimió una relación de actos administrativos con origen en 2001 (fecha de su primera convocatoria de plazas a oposición) subrayando que fueron dichos recursos los que motivaron la paralización de los procesos mediante la dilatación de los procedimientos. Pero el sindicato rechaza de plano la relación entre el caso de los contratos ahora reabierto y sus sucesivos recursos a las cláusulas de las oposiciones. En su deseo de clarificar las cosas sostiene Manos Limpias que “el alcalde y su gabinete de comunicación tratan de confundir uniendo dos casos que nada tienen que ver”. La razón por la que el alcalde y sus concejales se hallan imputados es por firmar contratos “en fraude de ley” y no por nada relacionado con las oposiciones”. Manos Limpias reconoce haber hecho impugnaciones, todas ellas legítimas, tratando de hacer valer unos criterios de igualdad que nunca se quisieron contemplar en la negociación. Y en esta línea, niega tajantemente que ningún tribunal haya fallado contra los actos del sindicato, sino que en el último recurso interpuesto el juez no decretó la paralización preventiva de las pruebas mientras éste se resolvía, por lo que finalmente el procedimiento concluyó con la ocupación de las plazas por los candidatos seleccionados. Luego, el sindicato decidió a la vista de los hecho retirar el recurso de manera voluntaria “para no litigar contra trabajadores con plazas ya asignadas, con nombres y apellidos, pues nuestra política consistía en ir contra los criterios de puntuación en abstracto, que creíamos y seguimos creyendo discriminatorios”, explicó el sindicato.

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