Las partes mantienen sus posiciones en el caso de los contratos

El día 25 comenzaron las declaraciones con la comparecencia del alcalde, la secretaria y Juan Galocha.
El PSOE dice que son “calumnias electoralistas” mientras que el PP se mantiene firme en su denuncia


El conocido como “Caso de los Contratos” que promueve el PP contra el alcalde de Mairena del Alcor, Antonio Casimiro Gavira (PSOE) por la supuesta irregularidad de una treintena larga de contratos a lo largo de años ha entrado en su fase judicial con la declaración el pasado día 25 de marzo de las partes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carmona. En esta primera comparecencia, que tuvo lugar cuatro días después de lo previsto por aplazamiento, comparecieron el concejal popular Juan Galocha en representación de su formación política, y el alcalde mairenero, que acudió acompañado por sus ediles Santiago Navarro, Manuel Ortega y Antonio Soria. También prestó su testimonio la secretaria de la Corporación, María de la Palma Fernández.

Como era de esperar, el regidor mantuvo su inocencia mientras que el portavoz del PP ratificó las tesis de irregularidades y enchufismo que llevaron a su formación a denunciar el caso, primero ante el Defensor del Pueblo Andaluz y más tarde ante la Fiscalía, pues a su entender se incumplieron requisitos legales fundamentales en las contrataciones públicas como la igualdad de oportunidades, publicidad y mérito. En este sentido, Juan Galocha a pregunta de los abogados sostuvo que como edil jamás fue convocado a ninguna comisión de empleo para la contratación de personal durante los ocho años que lleva en el puesto.

Luego, afirmó desconocer el número exacto de contratados que posee en la actualidad el Consistorio mairenero, aunque indicó que en el pasado llegaron a sumar 300, que en todo caso suman más que los funcionarios de carrera, y que la mayor parte de ellos han sido contratados “a dedo”. También se refirió a los juicios laborales perdidos por el equipo de gobierno, a la existencia de despidos pactados por las partes para evitar denuncias, informes contrarios de la secretaria sobre otros que siguieron su curso, así como influencia política en los procesos selectivos del SAE. Además, Juan Galocha sostuvo que en el servicio Orienta del Ayuntamiento de Mairena del Alcor se ha despedido a trabajadores del régimen laboral para contratar a otros del mismo rango con vinculaciones personales y políticas con el equipo de gobierno, sin procedimiento selectivo. Por otra parte, el edil popular negó ser falso, como viene sosteniendo el PSOE, que el PP haya tratado de obstaculizar las oposiciones desde el año 2001, si bien ratificó su conocida posición de que éstas sean libres.

Por el otro lado, el alcalde trató de echar balones fuera con su declaración. En este sentido, Antonio Casimiro Gavira negó relación alguna con algunos de los contratados por los que les fue preguntado y su participación en la selección de los mismos, sosteniendo no recordar cómo fueron dichos procesos, e indicando que firma todos los expedientes que le llevan a su mesa. Pero se mostró seguro de que en todos los casos se ha seguido el procedimiento establecido y legal. Defendió como método habitual de contratación la solicitud al SAE para pedirle que los aporte de su bolsa en base al perfil laboral deseado, pero dijo desconocer si en algún caso este sistema ha sido eludido. Gavira prosiguió negando que las contrataciones sean de su ámbito de competencias dentro del Consistorio, asignando este cometido a la comisión de empleo, donde afirmó que se establecen los criterios de valoración que rigen las contrataciones posteriores, sin que en ningún caso figuraran junto a los expedientes de contratación informes de la secretaria de la Corporación. E indicó que a cada departamento o delegación municipal existe un funcionario de carrera adscrito para tal fin. Por lo demás, y en relación a los casos laborales perdidos por la vía judicial que han supuesto importantes indemnizaciones para el Ayuntamiento mairenero, declaró haber dado tras producirse los fallos las pertinentes instrucciones para que se subsanaran los defectos de cara al futuro. Afirmando asimismo desconocer que se estén pactando finiquitos para evitar nuevas denuncias judiciales por despidos improcedentes.

El difícil equilibrio de la secretaria

Con todo, el papel más complicado fue el de la secretaria de carrera del Consistorio, María de la Palma Fernández, quien en virtud de su cargo debió hacer un ejercicio de equilibrio de imposible ejecución. En principio, la funcionaria se ratificó en los dos informes emitidos sobre el tema, a instancias del PP el primero y del gobierno socialista el segundo, afirmando que desde la aprobación del nuevo reglamento de 2009 se aplican eso criterios en la selección del personal no cualificado, pero que con

anterioridad cada concejalía disponía de su presupuesto, proponía los contratos a firmar, y en muchos casos con el trabajador ya asignado se pasaba a la alcaldía la documentación para que firmara. Palma Fernández también indicó que la casuística de contratación municipal ha sido muy variada, y que “le consta” que existían dos bolsas de contratación, una de ellas gestionada por la secretaria personal del alcalde. Además, manifestó que en algunos casos no existió procedimiento de contratación, que la situación documental en materia de personal era “desastrosa” en el Ayuntamiento, por lo que han tardado en aparecer algunos documentos. Por último, ratificó que tras los casos judiciales perdidos por despido improcedente se ha asegurado de que se realicen las correcciones oportunas, y a preguntas de la letrada del denunciante reconoció que en algunas contrataciones “se ha incurrido en algunas ilegalidades de orden laboral y administrativo”, pero “sin poder afirmar” que existiera relación entre las partes contratada y contratante.

El PSOE cree que es electoralismo

Los socialistas, tanto en la comparecencia judicial del alcalde como en sus declaraciones en el mitin de presentación de su candidatura el pasado día 1 de abril achacan el Caso a una “calumnia” del PP tendente a erosionar su imagen y obtener ventaja de cara a las elecciones municipales, con la intención incluso de inhabilitar al regidor mairenero. Para el PSOE se trata de una estrategia similar a otras de comicios anteriores puestas en marcha por ese partido, apuntando que en tal dirección

están tratando de dilatar el proceso para acercarlo a la fecha de la cita electoral (22 de mayo) en connivencia con el diario ABC para infringirles el mayor daño mediático recurriendo para ello incluso a la filtración de documentos judiciales. No obstante, en sede judicial el magistrado rechazó las preguntas que en tal sentido formuló a Juan Galocha el abogado defensor del PSOE, al entender que éste pretendía llevar al terreno de la confrontación política electoral una causa que tiene como único motivo el dirimir las responsabilidades penales derivadas de las presuntas  “contrataciones de personal laboral prescindiendo total y absolutamente de procedimiento de selección” realizadas en el consistorio mairenero.

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