El Ayuntamiento se acogerá a los anticipos reintegrables de la Diputación
El pleno de Mairena del Alcor aprobó en su sesión de este jueves por unanimidad de PA, IU, PSOE y PP acogerse al Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables para Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla (FEAR), que acaba de poner en marcha la Diputación al objeto de poner a disposición de los municipios los 36 millones de euros del superávit del Ente Provincial de 2012. Así, Mairena pedirá un crédito por importe de 744.844,50 euros, con los que subrogará una operación financiera suscrita al 4,5% con la entidad crediticia BBVA en 2011, en un bajo momento de liquidez aparejado a la crisis. De concederse el anticipo por el OPAEF, el Consistorio conseguirá un sustancioso ahorro que servirá para nuevas inversiones, además de un aplazamiento de su amortización por tres años más.
Esas facilidades fueron explicadas en la ponencia por el concejal delegado de Hacienda Manuel Marín, quien justificó al respecto que la localidad haya optado por la línea dos de las tres contempladas, siendo la primera demasiado exigente y la tercera pensada para municipios en delicada situación. Marín abundó en que la operación repercutirá en el ensanchamiento de la holgura económica municipal, siguiendo en la línea evolutiva positiva emprendida, destacando que la operación es al 0% de interés. Aunque no eludió un leve punto de crítica por la metodología aplicada para gestionar la operación, sosteniendo que el hecho de obligar a tramitarla por vía plenaria, pese a representar menos del 10%, contradice la legislación en materia local al respecto, lo que interpretó como un claro gesto de desconfianza hacia los alcaldes.
Precisamente en pro de estos “sin distinción de siglas” se pronunció el portavoz socialista Casimiro Gavira, el más entusiasta con la operación. No en vano es una administración gestionada por su formación la que implementa la nueva línea de crédito. Gavira enfatizó la perseverancia que desde sus filas se ha venido manteniendo con reivindicaciones en esta dirección; o las constantes peticiones para que el ejecutivo central autorizara la inversión con los remanentes de tesorería de las administraciones locales que los tuvieran, como finalmente así ha sido.
PA e IU, sin dejar de apoyar, elevaron levemente el tono crítico frente a la operación, sin minusvalorar el hecho de que sus beneficios suponen un avance. En tal dirección, Chema Cejudo sostuvo que se puede hacer más al tratarse de capital público, por lo que anunció que pronto habrá iniciativas de su formación en tal sentido, aseverando que si estas cantidades se hubieran invertido en el ejercicio del que proceden, los beneficios se habrían sentido en el peor momento de la crisis, aunque no hubieran generado superávit. En cuanto a Carlos Copete, se centró más en el alto nivel de exigencia de la panoplia de condiciones de este tipo de operaciones, tanto la sometida a debate como los planes a proveedores del gobierno en el pasado reciente. Se refirió, citándolas en concreto, a que tengan que cumplir la regla del gasto rigurosamente aún tratándose de administraciones con problemas, o del alto nivel de exigencia para las corporaciones en mayores dificultades.
