Un juzgado de Marchena pide al Senado el aforamiento de Casimiro

La causa obedece a la falta de justificación de 14.000 euros en una gestora socialista que el exalcalde mairenero presidió recientemente

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena ha solicitado al Senado, en un escrito al que ha tenido acceso Efe y que publican diversos medios de tirada nacional y provincial, la remisión del acta de senador o documento acreditativo de tal condición del exalcalde del PSOE de Mairena del Alcor Antonio Casimiro Gavira, quien la semana pasada se despedía del pleno debido a su nueva condición de senador por la provincia de Sevilla.

La causa está siendo investigada por un juez de Arahal, y trata sobre un caso interno de la formación política donde milita Gavira, en virtud del presunto gasto sin justificación de 14.000 euros del PSOE de Arahal, donde Gavira ejerció como presidente de una comisión gestora creada en 2014, y que extendió sus funciones hasta 2015. Una petición que guarda también relación con las diligencias abiertas por el juez para comprobar la gestión del portavoz socialista en el Ayuntamiento arahalense, Fernando Chaves, hermano del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, junto a otros militantes como el exsecretario de Administración del partido, José Antonio López, y el exsecretario de Organización, Rafael Serrano.

El procedimiento fue abierto tras las diligencias practicadas por una denuncia ante la Guardia Civil promovida por el expresidente del PSOE de Arahal, Fernando Cabrera, dirigida contra estas tres personas debido a un presunto gasto injustificado de 14.000 euros. Una anomalía que se habría producido entre los años 2007 y 2012, tiempos en que los responsables de las cuentas del PSOE de Arahal fueron Fernando Chaves, Rafael Serrano y José Antonio López.

Tales cuentas, posteriormente auditadas, arrojaron como balance la existencia de gastos no justificados, según los actuales responsables del partido en la localidad de la Campiña, cuyo cabeza Fernando Cabrera ya había denunciado los hechos públicamente con anterioridad, aunque no materializó denuncia ante la Guardia Civil hasta el pasado 10 de enero del 2015, meses antes de las elecciones municipales. La Comisión Ejecutiva Federal le había expulsado en diciembre del 2014, tras lo que se creó la comisión gestora presidida por Gavira.

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