Por una verdadera libertad en la educación

Nuestra actual Constitución expone que en España “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (Art. 16.3). Esto quiere decir, simple y llanamente, que en 1978 los españoles decidieron romper con siglos de tradición para que el estado no reconociese a ninguna religión como oficial.

Particularmente pienso que nuestra Carta Magna no puede estar más acertada, ya que garantiza a los ciudadanos la libertad de profesar la fe que deseen sin ser legalmente discriminados, al igual que ocurre con las diferencias de raza, sexo u opinión.

Es más, y refiriéndome ya a lo que quiero tratar, en el artículo 27.3 se hace constar nítidamente que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Por consiguiente, al igual que en España un eventual gobierno formado por personas católicas no podría negar que una comunidad de musulmanes (por citar un ejemplo) recibiesen la formación en su credo, tampoco otro eventual gobierno formado por personas ateas debería poner obstáculos a los ciudadanos para que sus hijos reciban formación religiosa con total normalidad.

Y es que en esto consiste la libertad, en que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin perjudicar a los demás. Así que, como no podría ser de otro modo, la máxima ley de un estado de derecho debe consagrar el ejercicio de la libertad de los individuos por encima de las ideologías que los diferentes gobiernos puedan tener.

Pues bien, ahora se ha vuelto a reabrir un debate acerca de la enseñanza de la religión en  la escuela toda vez que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha venido trabajando en una nueva ley de educación (otra más) que vuelve a dar a la materia de Religión la misma categoría que otras como Educación Física, Música o Educación Plástica y Visual.

Tras la lectura del proyecto de ley, entiendo que con ella no se obliga a nadie a cursar la asignatura de Religión, pero tampoco se le da a esta materia un trato desigual. Dicho de otro modo, ni se va a adoctrinar en la fe, ni se van a sentir “diferentes” los alumnos cuyos padres desean que cursen Religión. Lo más natural y lógico que podamos pensar.

En el borrador de la ley queda claro que los padres tienen la posibilidad de sustituir la asignatura de Religión por la de Valores Sociales y Cívicos (en Primaria) o Valores Éticos (en ESO). Por tanto, con esta ley se da cumplimiento a lo que proclama la Constitución, repito: que aquellos padres que deseen que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones tengan la posibilidad de hacerlo en situación de igualdad.

Lo que no es de recibo, es que algunos partidos políticos se opongan a este aspecto de la ley y que, por el contrario, se encuentren cómodos cuando desde los poderes públicos se promulgan o apoyan leyes que pretenden quedarse cada vez más al margen del hecho religioso o que se orientan en pos de un laicismo hostil ante la formación religiosa en la escuela. Todo ello por la sencilla razón de que son colectivos de no creyentes y que aún mantienen importantes prejuicios. Y, para rematar el dislate, quieren defender esa postura proclamándose grandes defensores de la libertad, como si la libertad fuese pretender que todos hagan y piensen igual que ellos.

Creo firmemente que la escuela está para formar y educar a las personas, y que hay que educar en libertad, lo que pasa necesariamente por permitir diferentes opciones en condiciones similares, con objeto de que se pueda elegir la que sea más afín. Por esta razón se constituyó que los padres actuasen responsablemente en la educación de sus hijos, no un Estado que eventualmente estuviese tentado de instaurar un pensamiento único, fuese de la ideología que fuese.

Por estas razones podemos entender que esta nueva ley de educación supone un importante avance, aunque todavía habría mucho que corregir para conseguir realmente un trato igualitario en todos los aspectos.

Pido a los lectores que no se dejen embaucar por palabras llamativas pero vacías de contenido y que exijan a todos los representantes públicos que respeten la libertad, la ley y las ideas de los demás, exactamente de la misma manera que reclaman que respeten las propias. Hay que informarse bien, pensar en conciencia y, si realmente aspiramos a una sociedad de ciudadanos libres e iguales, defenderemos las leyes que realmente protegen las libertades recogidas en la Constitución.