La asociación ProVida considera que la nueva Ley del Aborto no es la suya
La nueva ley del aborto, aprobada la pasada semana en Consejo de Ministros, vendrá a sustituir, si sale adelante definitivamente, a la promulgada durante el gobierno de Zapatero, que establecía libertad para abortar en un plazo de 14 semanas.
La reforma no deja indiferente a nadie. Las opiniones oscilan entre quienes piensan que es un retroceso y entre quienes lo consideran un avance.
La asociación ProVida trabaja desde hace más de 30 años en defensa de la vida y prestando apoyo a familias de la comarca. El no al aborto ha sido siempre su lema, por lo que consideran esta ley un paso más. Eso sí, recuerdan que esta no es su ley, ya que su reivindicación siempre ha sido el aborto cero.
La nueva ley contempla dos supuestos. Uno de ellos es en caso de violación. El otro se limita a «anomalías fetales incompatibles con la vida», y la mujer podría abortar siempre que cuente con la acreditación de dos médicos especialistas y si no supera un plazo de 22 semanas. Solo en caso de riesgo vital no sería necesario informe.
Se elimina así el tercer supuesto que recogía la ley de 1985, que permitía abortar si había malformación en el feto. En el contexto actual en el que vivimos, y dadas las políticas promovidas, ProVida pide que las reformas contrarias al aborto vayan acompañadas de más ayuda a madres e hijos, proporcionada en gran medida por entidades como la suya y otras que ya se sienten desbordadas.
Según los analistas, la nueva ley aleja de Europa en cuanto a la normativa sobre el aborto, siendo Malta el único país europeo donde está prohibido en todos los casos. Algunos, como Francia, ya se han pronunciado sobre la nueva ley. La ministra francesa de Derechos de las Mujeres incluso ha hecho llegar una misiva al gobierno español donde muestra su «honda inquietud».
A este respecto, ProVida afirma que, más importante que la opinión de Francia es la de toda Europa, cuyo Parlamento ya se pronunció en torno al aborto diciendo que no es un derecho. «El derecho es a la vida», explica Manuel Fernández, presidente de la asociación.
Entre otras novedades, el anteproyecto de ley de Gallardón establece que todas las jóvenes de entre 16 y 18 años deben contar con el consentiemiento de los padres o tutores, contrariamente a lo que dictaba la ley de 2010, que establecía que no se necesitaba autorización paterna. En caso de conflicto con las menores, será un juez quien decida si el consentimiento de la menor es válido.
