La Justicia obliga al Ayuntamiento de Carmona a acometer ya las obras de La Celada

Da seis meses de plazo para la ejecución firme de la sentencia en favor de este núcleo rural de la carretera de Brenes, con amenaza de sanciones tras un largo periplo por diversos juzgados

El recorrido judicial de años de la urbanización La Celada de Carmona con el Ayuntamiento de la ciudad llega a su punto final tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número once de Sevilla, que ha dictaminado la ejecución forzosa por parte del Consistorio de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le condenó el 7 de octubre de 2013 a acometer una serie de obras de mejora en esta urbanización de la carretera Mairena del Alcor-Brenes, consistentes en el cierre perimetral de la misma, arreglo de cunetas y contención de tierras de fincas colindantes, cierre de caminos y cancelación de servidumbres o desafectación de las vías pecuarias que atraviesan la urbanización. Asimismo como la ejecución del vial de acceso a la urbanización, canalización o tratamiento del cauce del arroyo, delimitación y vallado de la parcela de la depuradora; y reparación y finalización de las obras emprendidas en fases anteriores.

El origen de la desavenencia entre el Ayuntamiento y este barrio diseminado se remonta al año 2013 ante el TSJA debido a un litigio planteado por la vía Contencioso Administrativa por la Comunidad de Propietarios de Parcelas Rústicas La Celada, en desacuerdo con el acuerdo adoptado en marzo de 2008 por el Consistorio aparejado a la recepción de la tercera fase de las obras de la barriada, su certificación final de obra y liquidación. Concurriendo que en un primer momento el TSJA revocaba una sentencia inicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número once de Sevilla contraria a las pretensiones de la Comunidad de Vecinos, que anulaba el acuerdo dictaminado por el Ayuntamiento de Carmona, obligando al ente municipal a anular el procedimiento administrativo y a ejecutar las obras a las que ahora se condenada abordar en el plazo de seis meses.

Unas obras aún pendientes debido a que el mismo Juzgado de lo Contencioso Administrativo número once volvía a pronunciarse en 2018 en un auto declarando la «imposibilidad material de ejecutar la sentencia» en dos de sus aspectos. Un dictamen recurrido por la Comunidad de Propietarios de La Celada ante el TSJA, que en enero de 2019 dejaba sin efecto la decisión del juzgado aduciendo «falta de motivación» para que la sentencia en firme se llevara a cabo, según los dictámenes del juzgado de Primera Instancia y la Audiencia. De este modo, tiempo mediante, el Alto tribunal andaluz determinaba en 2019 que «se impone la declaración taxativa de la sentencia firme a ejecutar, que impone al Ayuntamiento la ejecución de una serie de prestaciones», entre las que se incluyen las anteriormente indicadas. Un veredicto que zanjaba el asunto.

Así las cosas, el pleno del Ayuntamiento carmonense aprueba un «plan de etapas» para la ejecución de las obras a acometer, que en el año 2022 es recurrido por los vecinos de La Celada ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14, el cual da la razón a los vecinos estimando que con el citado plan «la Corporación local pretende hacer una interpretación propia, unilateral y extensiva» de la sentencia firme del TSJA, de tal modo que ahora en un auto fechado a 22 de abril, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número once ordena la ejecución de la sentencia firme del TSJA, bajo amenaza de que si la misma no se lleva a cabo en el plazo concedido, procedería instar a su ejecución forzosa, al tiempo que avisa de la posible sanción al alcalde Juan Ávila con una multa de 601 euros, e incluso la posible intervención de la Fiscalía por desobediencia.

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