Los médicos inician hoy la primera de las cinco huelgas de cinco días anunciadas por su estatuto profesional

Los servicios mínimos en Urgencias serán del 100% y del 50& en algunos servicios hospitalarios y de atención primaria

Más de 210.000 médicos en toda España inician hoy su anunciada huelga de cinco días en la confrontación más dura con el Ministerio de Sanidad desde el año 1995. Ello va motivar retrasos en las consultas y los médicos son conscientes de las molestias y el impacto para la ciudadanía, por lo que piden de antemano perdón a los pacientes, aunque consideran que éstos están de su lado porque las mejoras que esperan conseguir les van a repercutir positivamente. Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) exponen que «la responsabilidad de que las cosas vayan mal no es de los médicos, sino de la empresa que los gestiona, en última instancia, el Ministerio de Sanidad».

Por ello, esta semana tiene lugar el primer paro nacional, que forma parte de seis citas semanales de cinco días hasta junio: en febrero de 16 al 20, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Algunas comunidades han convocado también huelga autonómica, como son los casos de Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Madrid o Galicia. En todo caso, se anuncia que los servicios mínimos en Urgencias serán del 100% y del 50& en algunos servicios hospitalarios y de atención primaria

Están convocados a secundar el paro todo el personal sanitario del Grupo A1 del Sistema Nacional de Salud (SNS), cualquiera que sea su modalidad de contratación, estatutaria, funcionarial o laboral (incluido el personal de formación sanitaria especializada), con independencia de la modalidad de gestión, lo que incluye centros propios, concertados, consorcios, empresas públicas, etcétera.

Un actor clave es el colectivo de médicos internos residentes (MIR), ya que aun estando convocados a la parada, por su situación excepcional no pueden legalmente ser designados como servicios mínimos puesto que su figura es formativa. Eso conlleva que la carga de trabajo de los que se sumen a la huelga recaiga sobre los adjuntos, algo que podría potenciar el colapso de servicios críticos en grandes hospitales, donde suelen ejercer su tarea. En este sentido, las asociaciones de residentes también exigen que el nuevo Estatuto blinde sus jornadas y acabe con la precariedad de las guardias de 24 horas.

En cuanto a la repercusión de la huelga sólo afecta a la sanidad pública, es decir, al Servicio Nacional de Salud (SNS) y los sistemas autonómicos territoriales, que en el caso de Andalucía se corresponde con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), no viéndose afectadas las farmacias ni a la sanidad privada, que operan con normalidad.

Las reivindicaciones de los sindicatos profesionales convocantes

El caballo de batalla de las protestas es la reivindicación de un nuevo Estatuto Marco o convenio laboral por el que se rigen las condiciones de todo el personal sanitario del Sistema Nacional de Salud (SNS). El vigente data de 2003 y el sector lo da por amortizado. Y dentro del estatuto, el elemento mollar es que se separe a los médicos del resto del personal estatutario para negociar sus condiciones específicas, que incluyen la carrera profesional, guardias o agendas.

Además, el gremio reclama que ese nuevo texto para médicos y facultativos debe contener mejoras salariales en ámbitos como las horas extraordinarias y que éstas computen para la jubilación. Como también la posibilidad de una jubilación anticipada voluntaria y total, límites sobre la jornada laboral (35 horas semanales mientras que el Ministerio ofrece 45), y el fin de las guardias de 24 horas, ante lo que el Ministerio ofrece 17, si bien existe la posibilidad de 24 los fines de semana y a voluntad de la gestión autonómica y hospitalaria.

Otra de sus exigencias está en relación con la clasificación profesional para que sea un nivel A1 plus, acorde con su alta cualificación, que es de al menos 11-12 años de formación con su consiguiente nivel de responsabilidad. Con todo, estas últimas medidas ya se dejan en manos de las CCAA, que tienen la competencia final de la organización laboral a ese nivel.

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