El Gobierno garantizará por primera vez la financiación de los Servicios Sociales de los ayuntamientos

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 26 de julio el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y lo ha remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Esta norma responde al compromiso de clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades y garantizar por Ley la financiación de los Servicios Sociales.

Pese a ello, en estos días se está produciendo una campaña en contra del citado Proyecto de Ley por parte de los partidos PSOE e IU. Según estos partidos, el Gobierno central va a aprovechar, con esta reforma, para recortar en materia de Servicios Sociales, poniendo como ejemplo la supuesta eliminación de los Centros Municipales de Información a la Mujer.

Nada más lejos de la realidad. Actualmente, en Andalucía, muchos de los Servicios Sociales prestados desde los Ayuntamientos corren un serio peligro de desaparición debido al impago por parte de la Junta de Andalucía. Este peligro quedaría totalmente eliminado con la reforma que plantea el Gobierno, pues si la Junta no paga a los Ayuntamientos, el Estado se encarga de restárselo de la transferencia anual que le corresponde cediendo esa cuantía directamente a los entes locales. De esta forma se aseguran los servicios sociales.

Íñigo de la Serna, Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), compuesta por dirigentes de todos los partidos políticos, ha afirmado en rueda de prensa que “nunca se ha hecho un esfuerzo tan grande para eliminar competencias impropias”.  Además, su principal petición al citado Proyecto de Ley, que el traspaso de competencias de los ayuntamientos a las diputaciones tenga que ser aprobada por los entes locales afectados, ha sido aceptada hoy por el Gobierno en otro gesto más de diálogo con las instituciones públicas.

Con esta reforma se evitarán duplicidades y se ahorrarán costes a los ciudadanos, mediante cinco claves:

• Racionalización: bajo el principio “una administración, una competencia”, se incentivará la fusión de municipios para evitar la dispersión administrativa.
• Ahorro: estimado en 8.000 millones entre 2013 y 2019. Se limitarán los sueldos de los cargos políticos.
• Sostenibilidad: mediante el coste de los servicios se podrán asignar competencias para la prestación de los servicios a la administración más eficiente.
• Transparencia: los ayuntamientos estarán obligados a publicar lo que cuesta cada servicio público.
• Coordinación: se refuerza el papel de las Diputaciones Provinciales, que podrán asumir determinados servicios si lo pueden realizar en mejores condiciones y a costes más bajos.

Por tanto, no tienen ningún sentido afirmaciones como las de Gaspar Zarrías, Secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, que acusa de que la reforma provocará que los servicios sean “más caros y menos eficientes” cuando su objetivo es la optimización del funcionamiento de los Servicios Sociales y, por primera vez en la historia, garantizar por Ley su financiación, hasta ahora caótica y deficiente.