Aprobadas ayudas económicas para los universitarios maireneros sin beca

El pleno extraordinario de ayer trajo a la mesa de debate nuevas mociones entre sus puntos más destacados. Educación y vivienda ocuparon gran parte de la discusión.

Esta última cuestión se trató, en primer lugar, en el punto 4, que proponía la adhesión a un convenio de colaboración con el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Con este, según explicaba Carlos Copete (IU), el Ayuntamiento se compromete a actuar de forma sinérgica con la administración andaluza contra la problemática de los desahucios. Un compromiso al que ya se habían adherido 215 consistorios en toda Andalucía.

Si bien fue aprobado por unanimidad, los portavoces hicieron libre ejercicio de la palabra para exponer los diferentes matices. Así pues, Juan Manuel López (PP) explicó que su grupo la apoyaba siempre que se garantizara la financiación del programa, catalogando la propuesta de solo una «declaración de intenciones», vacía de contenido. Posteriormente, Copete le replicaba que al menos era un compromiso frente a los hilos movidos por el PP en sentido contrario. «No en todos los Ayuntamientos existe la misma disposición», decía el portavoz.

Chema Cejudo (PA), anunció desde su primera intervención el voto favorable de su grupo, que entiende que es una nueva herramienta. También se mostró cauteloso teniendo en cuenta que el programa ha causado alarma en ciertos sectores siendo una posible dinamizadora de la construcción, un pilar antes básico en la economía y ahora muy castigado. Recordó que, en Mairena, hay que ver cada caso hipotecario. Por su parte, Santiago Navarro expresó dudas como el número de demandantes de casas en Mairena, y se preguntó acerca de las discrepancias entre el gobierno.

El punto 10 también tuvo a la vivienda como elemento central. IU elevó al pleno la propuesta de expresar rechazo al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP en torno a la llamada Ley Antidesahucios de la Junta. Copete se lamentó de que, ante tal obstáculo, se había dejado en indefensión a muchas familias andaluzas por imperativo de la Troika, una cuestión política en la que el gobierno se pone del lado de los banqueros. Cejudo anunció abstención argumentando incongruencias (como el hecho de que sea el PP a nivel nacional quien presente ese recurso cuando en Andalucía lo apoyó) y esperará a la decisión de la Justicia, recordando otros episodios de recurso va, recurso viene, por ejemplo, durante el gobierno de Manuel Chaves.

Juan Manuel López recordó que la Junta puede tomar medidas mientras se resuelve el recurso, como hacer que se ocupen las viviendas desocupadas que le pertenecen. Además, expresó no entender conceptos como el justiprecio, y aseguró que en Andalucía hay 2ª, 3ª y 4ª viviendas vacías que no eran tratadas en la Ley. «¿Por qué no? ¿Contra qué personas va?», se preguntaba el concejal. En réplica, Copete le respondió que era un decreto contra la banca, no contra quien se ha hecho de propiedades con trabajo (un mínimo porcentaje del total de 700.000 vacías), y que en Andalucía solo hay 638 viviendas desocupadas propiedad de la Junta por, por ejemplo, problemas de trámites de los adjudicatarios con el banco.

Desde el PSOE, A. Casimiro Gavira se lamentó de que sean las grandes corporaciones quienes tienen la sartén por el mango, y ejemplarizó no solo en vivienda, sino también en otras cuestiones como la industria farmacéutica. Poniendo el punto de mira sobre lo que consideraba injusticias, se apenaba que fuera a él quien saliera en el periódico por lo que cobra en el Consorcio o por el uso que le diera al coche oficial. «¿Usted sabe que a mí me pusieron un detective privado?», preguntó entre las protestas del alcalde, que le pedía que se ciñera al punto.

La propuesta fue rechazada por los 8 votos en contra del PP, 2 abstenciones del PA y 6 votos a favor entre PSOE e IU.

10.000 euros en ayudas para estudiantes maireneros

Era el punto que, a priori, más controversia generaba, siendo una propuesta de efecto en la que se pedía explícitamente una acción concreta: inversión. Dinero. Los grupos también debatieron, cada uno en su línea argumental.

IU defendió su propuesta al considerarla necesaria dado el, dijo, endurecimiento de requisitos para acceder a becas del Estado. El mismo ministro Wert ha reconocido que habrá 18.840 becarios menos este curso, con lo que ello supone: expulsiones y menos ingresos para la universidad, explicaba Copete. Aludió a un informe desfavorable del interventor, que explicaba que las becas son competencia del gobierno central, problema que se solucionaría, decía el concejal, poniendo el nombre que se estimase oportuno (subvención, ayuda, premio..). Cejudo, por su parte, pidió que se exigiese igual al Ministerio que a la Junta, pero anunció el voto favorable al deberse a la realidad de Mairena.

Precisamente esta pidió JM López estudiar con detenimiento para conocer los casos, pues podría derivar en replanteamientos de cara a futuros presupuestos. Además, reconoció que no se podía hacer una política de becas tan «visceral» de un año para otro. Santiago Navarro, por otro lado, planteó cuestiones concretas sobre las bases que habría que revisar (años, niveles de renta establecidos…) por lo que anunció el voto favorable «en diferido» en un primer momento. Además, pidió al gobierno tratar estos temas en Comisiones Informativas con los sectores afectados y, con este requerimiento, la propuesta se aprobó por unanimidad.

Según J. Carlos Copete, hay partidas presupuestarias de las que «se podría tirar», en el ámbito de Educación y de Servicios Sociales.

Sobre la Ley de Dependencia

Carlos Copete explicaba la razón de ser de la propuesta de su grupo en un planteamiento de su compañera Patricia Marín, que ha conocido de cerca la realidad de las familias que la solicitan a través de su delegación, la de Servicios Sociales. Aunque ella no pudo estar por razones de salud, Federico Trigueros se encargó de su defensa.

Chema Cejudo aseguró su voto favorable siempre y cuando se pusiese «en pie de igualdad» al gobierno central y autonómico, para llevar a ambos el mismo nivel de exigencia y después de contar un caso personal en el que se vio perjudicado por la gestión de la Junta. López apoyó parte de su argumentación en recortes de prensa que ponían de manifiesto las anomalías de la Ley (como impagos), denunciadas a través de diferentes colectivos como los sindicatos. Afirmó, además, que la Fundación Gerón ha podido pagar a sus trabajadores gracias al plan de pago a proveedores del gobierno central, precisamente. El próximo día 20, recordó, los trabajadores de ayuda a domicilio se manifestarán. «Pregunte a quiénes van a reclamar el pago», añadió.

Santiago Navarro supo reconocer que la administración tiene fallos recurribles. Recordó además que, aunque es una ley del gobierno central (de la era Zapatero, en concreto), Andalucía había tramitado miles de expedientes, y de ahí los problemas. Donde seguro no los tenían, dijo, es en comunidades del Partido Popular como Valencia, donde, dijo, se han tramitado solo 7 expedientes. En última intervención, Trigueros mostró su desazón («el alma partida») ante la postura del PP, y recordó que el cumplimiento de la ley es un imperativo. «O se hace o se cambia», dijo el delegado. Añadió que lo poco que queda en pie de la ley es por la Junta.

Pese al voto desfavorable del PP e incluyendo el requirimiento del PA, el punto quedó aprobado.

Otros puntos tratados

Otros puntos tenían que ver con informes económicos, en concreto, sobre el estado del presupuesto 2013, de lucha contra la morosidad y de seguimiento del Plan de Ajuste. Leídos por los delegados (en teoría), estos se dieron por enterados y se prosiguió con el orden del día. Además, se aprobó la integración en la Red Provincial de Telecomunicaciones.

El PP retiró sus propuestas (de apoyo al empleo joven y de reclamación de viviendas vacías a la Junta para desahuciados) de una sesión plenaria que duró aproximadamente cuatro horas.