El ayuntamiento de Mairena alivia a proveedores abonando facturas atrasadas por reconocimiento extrajudicial de crédito
Durante el pasado pleno del mes de marzo, el ayuntamiento quizo dar carpetazo a las facturas atrasadas. Se trata de una remesa que el gobierno municipal ha llevado a reconocimiento extrajudicial de crédito, un punto de controversia más entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE y la oposición PSOE e IU. El tema apareció y desapareció a lo largo de varios puntos, incluso en ruegos y preguntas. Y en síntesis, de lo que se habla es de una serie de facturas que los servicios económicos del Ayuntamiento mairenero no pudieron atender a lo largo de 2019 por falta de consignación presupuestario y personal técnico que aportase una solución, y que debido a que se trató de trabajos o suministros necesarios, la ley permite que se pueden aprobar ahora de acuerdo con la normativa, y de ese modo atender sus pagos. Para ello el equipo de gobierno aportó informes de la Intervención y planteó la correspondiente modificación presupuestaria de las cuentas en vigor. En total, el monto alcanza 585.448 euros, y de la relación de las mismas con cantidades y conceptos desglosados fueron informados los concejales al comienzo del pleno con aporte documental. La cantidad total se divide en dos lotes, uno perteneciente a la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo por 124.252 euros, y el resto al propio Ayuntamiento por 461.196 euros.
En relación con el tema Rocío Sutil (PSOE) manifestó que pedirá más informes a la intervención, al igual que el detalle de una serie de facturas cuyas empresas mencionó expresamente con sus cantidades aparejadas, y aunque terminó por no cuestionar la legalidad de la medida, sí criticó que con la demora de dichos pagos se incumplen los plazos de la ley de pago a proveedores al ser en la práctica facturas de cajón, y que por esa vía el gobierno saca ventaja. O también que se condicionan los nuevos presupuestos que se aprueben para 2020, al detraeer de ellos dichas cantidades.
Pero estas tesis fueron rechazadas tanto por la concejala de Hacienda Isabel Domínguez, como por el alcalde Juan Manuel López. Primero, según la responsable de economía, porque todo se hacía precisamente para poder atender los pagos como marca la ley en estos casos, dando respuesta a la situación generada; y en cuanto a los nuevos presupuestos, apostilló que tendrán sus propias cantidades empezando de cero tras liquidarse los actuales. Asimismo, la edil se refirió a las diversas ocasiones en que los equipos de gobierno recurrieron a esta vía, poniendo varios ejemplos. Y justificó la situación creada en las repercusiones contables surgidas por la demora del Ministerio de Administración Territorial en el nombramiento del interventor definitivo, quien precisamente se ausentó del pleno tras la aprobación de estos puntos, que obtuvieron las abstenciones tanto del PSOE e IU.
En todo caso, y ya con vista al futuro, la edil de Economía y Hacienda desveló la idea en que trabaja el equipo del gobierno para evitar en el futuro situaciones de este tipo, que pasan por la elaboración de un Plan General de Contratación, inexitente hasta ahora, y que marcará unas pautas y criterios dando mayor fluidez a los procedimientos ante vacíos técnicos como el habido. Inciciativa en la que abundó el alcalde Juan Manuel López, recordando a su vez a Sutil que cada factura lleva aparejada su justificación ante los reparos de Intervención, anulándolos, por no ser ninguno de procedimiento. Como que, no obstante, in extremis todo pasa por la supervisión del Tribunal de Cuentas.
Por otra parte, la oposición también preguntó por la inclusión entre las medidas económicas por una indemnización de 7.000 euros por despido laboral, que según se dedujo de la intervención de José Manuel Morales (IU) correspondería a monitores.
