Marina Segura analiza la reforma del aborto y sus posibles consecuencias

Hace unas semanas que visitó la localidad para informar, desde el punto de vista de su partido, sobre la nueva Ley de Educación, la LOMCE. En esta ocasión, le traía a Mairena la reforma del aborto. Un tema peliagudo a juzgar por la experiencia que dijo haber sufrido Alberto Muñoz, secretario de organización del PCA Mairena, en el preludio. Carteles arrancados, una nota en su buzón con las palabras «asesino, traidor, comunista» y arañazos en su coche que antes no estaban fue su balance.

Fue Trinidad Copete, secretaria de la Mujer de la organización local, quien presentó a la parlamentaria andaluza de IU. Repasó algunos de los «innumerables recortes», dijo, un «acoso y derribo» que lleva a niveles del siglo pasado, una «reforma ideológica encubierta», en definitiva.

Marina Segura analizó la ley, en su cerca de hora y media de intervención. Como en la anterior ocasión, invitó a interrupciones para reflexiones y comentarios, lanzando también preguntas a los presentes. Comenzó con el propio encabezamiento, que eleva la reforma a rango de Ley Orgánica, la que regula los derechos fundamentales. Repasó la evolución del aborto «tan antigua como el hombre», algo antes usado para controlar la natalidad, considerado una práctica homicida con la llegada del Cristianismo.

Explicó, a grandes rasgos, la legislación sobre la práctica del aborto en el mundo. Solo el 25% de la población mundial, dijo, vive en países donde no se puede practicar el aborto. Y así llegó al caso español y a esta última ley. Dos años de polémica y cinco aplazamientos, dijo, y, rechazada por la gran mayoría de partidos con representación parlamentaria, el proceso se va a alargar por las inminentes elecciones europeas, la división interna del PP y las protestas sociales.

Los elementos de cambio

Analizó los elementos de cambio con respecto a las leyes anteriores: necesidad de asesoramiento previo e información, pero solo sobre los riesgos y alternativas (antes, dijo, era más amplia); los supuestos de peligro para la vida o salud de la mujer (hasta las 22 semanas y con dos informes médicos, solo uno si el feto presenta anomalías) y el de violación (hasta los tres meses y si se presenta denuncia). En el caso de las menores, se necesita el consentimiento de la menor, de sus padres y, en caso de que haya conflicto entre ambas partes, interviene un juez. En el caso de las menores de 14 años, aún habiendo consentimiento de los padres, puede intervenir incluso el Ministerio Fiscal si estima que hay riesgo para la mujer. Solo los profesionales podrían ir a la cárcel si incumplen, no así las mujeres.

Los «mitos»

Según explicó Segura, que el aborto vuelva a ser un delito y no un derecho traerá la vuelta de situaciones dramáticas, con abortos clandestinos sin las debidas garantías, entre otras cosas. Quiso desmitificar conceptos como que el número de abortos sea muy elevado en España, que está en la media europea (abortan 10 de cada 1000 mujeres, dijo) e incluso disminuyó levemente en 2012. De hecho en Holanda, con una ley más permisiva que España, la media es inferior (7 de cada 1000 mujeres abortan).

Negó que existiera conflicto jurídico ya que, según explicó, el Tribunal Constitucional considera al no nacido un «bien jurídico que hay proteger», siendo la mujer un sujeto con derechos fundamentales. Hay textos jurídicos internacionales, dijo, que reconocen el aborto como un derecho de la mujer. Apoyada en datos del INE, entre otras fuentes, explicó que no existe un perfil de mujer «abortista».

Por ello, siguiendo su alocución, considera que el aborto no es una cuestión moral, sino política, un nuevo ataque de quienes dicen defender la vida pero aprueban reformas laborales que permiten que haya un 27% de mujeres en paro, o que recortan en violencia de género, entre otros, para, al fin y al cabo, construir un nuevo modelo social donde la mujer aparezca relegada a un rol, un modelo basado en los conceptos de capitalismo y patriarcado. Apostó, en la línea de su partido, por el aborto libre, gratuito y público.

Concluyó invitando a los presentes a acudir a Madrid el 22 de marzo, si no a provocar la dimisión del Gobierno, sí para aumentar su desgaste.