La Dirección General de Consumo inspeccionará casi un millar de establecimientos de restauración

La restauración es motor fundamental dentro del sector servicios andaluz y también a nivel nacional. Su prestigio y buen nombre se mantienen en lo alto con cada prestación que, más allá del paladar, satisface plenamente el consumidor final. No obstante, según la Junta de Andalucía quedan algunas malas prácticas e incumplimientos por erradicar y que a veces saltan a primera vista al repasar una carta de restaurante, en las que, a modo de ejemplo, hay que recordar que los productos de charcutería, queso, moluscos o crustáceos tienen que ofertarse obligatoriamente por unidades o por peso, según el caso, para que los comensales puedan saber a ciencia cierta qué tiene que llegarles a la mesa después de una comanda y su precio exacto.

Igualmente hay que estar vigilantes con que los sistemas de pesada estén verificados; con que las cartas, listas de precios o cualquier otro medio de publicidad nunca reflejen la expresión «precio según mercado», que está expresamente prohibida; o que cuando se requiera factura reglamentaria o ticket (según la categoría del establecimiento) el importe coincida con lo reflejado en la carta y que no se carguen indebidamente conceptos no reflejados en la lista de precios.

En este terreno, es clave la labor que realiza la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias, que tiene previsto inspeccionar hasta el próximo mes de diciembre, a través de los Servicios de Consumo provinciales, un total de 990 establecimientos de restauración en todas las provincias andaluzas en el marco de su Plan Anual de Inspecciones. En concreto, esta campaña pretende asegurar el cumplimiento de la normativa autonómica referente a la información que deben proporcionar a las personas consumidoras este tipo de establecimientos.

Esta campaña de inspección, de ámbito regional, viene realizándose con carácter continuado desde hace varios años, a excepción de 2020 y 2021, debido a la especial relevancia del sector y su alta demanda por parte de las personas consumidoras y usuarias, tanto de Andalucía como de otras comunidades autónomas y países. En la última campaña, 2019, se realizaron 951 actuaciones inspectoras, de las cuales 169 presentaron algún tipo de irregularidad sobre los derechos de las personas usuarias, lo que representa el 17,77% de los 554 establecimientos visitados.

En la campaña del año en curso se pretende hacer hincapié fundamentalmente en los incumplimientos más habituales que se siguen detectando en bares y restaurantes. Además, en línea con los años anteriores, se va a revisar el cumplimiento de la normativa que obliga a que los aceites que se ofrezcan en los establecimientos de hostelería y restauración tengan una protección que impida su reutilización, o, lo que es lo mismo, vigilar que se cumple con la prohibición de existencia de las aceiteras rellenables.

La campaña de inspecciones que se desarrollará este año, y que se realizará de forma continuada hasta el 30 de noviembre de 2022, incidirá también en otras cuestiones como la obligatoriedad de disponer de hojas de reclamaciones y de que la información sobre precios y servicios se ajuste a la normativa vigente. También, se revisará el cumplimiento de la normativa en materia de alérgenos e intolerancias y sobre etiquetado y origen del agua filtrada y envasada para la venta.

Consumo responde
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es; y de los perfiles en las redes sociales Twitter (@consumoresponde) y Facebook (www.facebook.com/consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.