Un nuevo plan de ajuste resucita las suspicacias en el seno del tripartito

El desencuentro vuelve a alcanzar sus más altas cotas en el seno del tripartito. Hay puntos muertos del día a día consistorial con los que se puede lidiar, pero cuando hay que adoptar medidas a mayor nivel, tiemblan los sillones.

Izquierda Unida es el socio rebelde en el equipo de gobierno. Ya no le gustaban las condiciones del plan de pago a proveedores el año pasado y tampoco le gustan ahora. En palabras de J. Carlos Copete, están hartos de pagar facturas del PSOE al estilo que imponga el PP, esto es, restando autonomía al Ayuntamiento e hipotecando el futuro de los marineros. «Como seamos solo gestores del agua y la luz nos tendremos que plantear qué pintamos en este gobierno«, dijo J. Carlos Copete.

La abstención de la coalición de izquierdas puede traer los primeros pequeños temblores de un terremoto en el gobierno. Sin embargo, los 14 votos a favor recopilados frente a los 3 de abstención de IU no son óbice para que el plan siga adelante. En un mes se someterá a pleno el crédito adherido a esta nueva medida del gobierno central, pero viendo los votos emitidos, todo hace indicar que llegará. En ese siguiente paso será necesaria mayoría absoluta.

El apremio

Nos encontramos, pues, ante una situación similar a la del año pasado pero peor, porque ahora hay de por medio resoluciones judiciales a favor de ciertas empresas que apremian al pago inmediato.

Una de ellas es Ploder, que llevó a cabo las obras de la vía de servicio que conecta el polígono con la rotonda de entrada a Mairena. Se le deben 479.000 euros y, con sentencia judicial favorable en la mano, piden otros 250.000 euros por intereses de demora. Antes de Feria llegó la ejecución provisional, que pone un plazo de 15 días antes de su abono o la entrada en escena de la orden de prelación, que pondría en serio peligro las arcas municipales.

La posibilidad de cobrar a corto plazo gracias al crédito vinculado al plan de ajuste, sin embargo, ha hecho a la empresa pasar por alto estos intereses de demora, según un acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento. De no poder acogerse a esta opción del plan de ajuste (aunque los votos favorables de la mayoría de partidos parecen indicar que sí), habría que pagar a corto plazo, lo que pondría en un brete a las arcas municipales y, por tanto, a las nóminas de sus trabajadores. Esta previsión de dificultades en el Ayuntamiento está avalada mediante informe por el tesorero, tal y como mostró en el pleno Manuel Marín.

Otro punto de presión viene desde la desaparecida Egmasa, empresa de gestión medioambiental. Sus trabajos estuvieron relacionados con la limpieza de solares, y se les debe por ello un total de 150.000 euros. También hay intereses de demora, y, por lo que consta, el trámite judicial está al caer, pues ya ha llegado a otros ayuntamientos de la provincia que también le adeudan cantidades.

El plazo de la operación de crédito en Mairena es de ocho años. Según entiende Manuel Marín, este intervalo no traería problemas a las arcas municipales.

La intrahistoria de los proveedores sin cobrar

Tanto Ploder como Egmasa debieron cobrar hace unos cuatro años, ¿por qué no lo hicieron? Según explicó el ex alcalde, por aquellos años (2005), el pueblo padecía necesidades a gran escala en ámbitos como infraestructuras o el suministro de energía, cuyo mal funcionamiento repercutía directamente en la vida de los maireneros («no se podía enchufar ni un ventilador en verano»). Su renovación y puesta a punto costó «miles de millones de euros», explicó Gavira, muy molesto, según dijo, porque se hubiera puesto en entredicho su gestión por 479.000 euros.

Manuel Marín, además, acusó al gobierno anterior de actuar fuera del procedimiento legal al adjudicar las obras a Ploder (y enseñó documentos que lo certificaban) sin el pertinente concurso. Gavira se defendió explicando que, en su día, la empresa pública Giasa (que otorgó las obras a Ploder) sugirió al Ayuntamiento la posibilidad de llevar a cabo tal adjudicación bajo un convenio entre la compañía y el Ayuntamiento, que permitiría realizar los trabajos justo en aquel momento para evitar postergar las molestas obras. Al momento de firmar el convenio, la empresa pidió que el consistorio mairenero avalase a la Junta de Andalucía, y el acuerdo se quedó sin firmar. Ante la interpelación de Gavira, el interventor asintió para dar fe de sus declaraciones.

En un punto posterior, el delegado popular de Desarrollo Económico, Juan Manuel López, se preguntó cómo era posible que el Ayuntamiento no hubiese tomado medidas contra la Junta y decidiese cargar con el problema, al que sólo se le han ido dando patadas hacia delante. Se da la circunstancia de que ni los trabajos de Egmasa ni las obras de Ploder contaban con la totalidad de su consignación presupuestaria, según ha explicado Marín.