Mairena se adhiere al recurso de inconstitucionalidad para la reforma local

Más de dos horas de debate político para un solo punto del orden del día. Los cuatro partidos de la corporación entendieron el calado de la nueva ley de bases de régimen local y lo que supondrá para los Ayuntamientos (ya supone). Por ello, movilizaron a todos sus concejales.

PSOE e IU presentaban la moción. El PA se adhirió, si bien, como explicó Chema Cejudo, hubiera preferido que se contara con ellos. Los tres partidos coincidieron, principalmente, en considerar injusto que se ataque a la institución más débil cuando su deuda solo supone un 4% del PIB.

Cejudo aprovechó el primer turno para explicar con detalle la posición de su partido, al que no se consideró. Habló de la apuesta por la comarcalización en pos de las economías de escala, control solo para evitar arbitrariedades, rechazó el centralismo y apostó por reducir músculo institucional, prescindiendo de las diputaciones. También se refirió al Senado, cámara de representación territorial necesaria, pero no con el papel actual. Su postura fue la más moderada, aunque dejó algún recadito en sus intervenciones, sobre todo al PSOE que, cuando le conviene, dijo, se une con el PP y deja fuera a los demás.

J. Carlos Copete (IU) se centró en explicar el recurso, el porqué esta ley es inconstitucional, a juicio de quienes lo presentan. Usó el adjetivo de «criminal con los ayuntamientos», pues se sitúa la figura del interventor, dijo, por encima de la del alcalde. Y es que el técnico podría emitir informes a Hacienda sin el conocimiento de los concejales e incluso se pueden aprobar presupuestos sin el conocimiento de la oposición, según explicó. Además, se da competencias a un ente no elegido por los ciudadanos (Diputación) y se pierde cercanía con respecto a un ciudadano que ahora tendrá que llamar al timbre de un diputado al que desconoce.

A Juan Manuel López (PP) le tocó defender la ley con todos en contra. Dijo que la estabilidad presupuestaria ya se consagró en 2011 y explicó que la reforma permite evitar duplicidades y racionalizar según criterios como eficiencia y sostenibilidad. Además, recordó que a Mairena, por tener más de 20.000 habitantes, en nada le afecta esta ley, algo que confirmó con el interventor. Aludió al papel no cumplidor de la Junta (la no mencionada) en la participación de tributos, de que la nueva ley favorecerá la prestación de servicios allá donde no es posible ofrecerlos y reiteró que se trata de que cuadren los números, de que se garantice que hay financiación para acometer tal o cual servicio sin que pase como en ayuntamientos como Burguillos.

Por parte del PSOE, fue A. Casimiro Gavira quien tomó la palabra. Alcalde durante 20 años, se ha declarado municipalista en multitud de ocasiones. Lamentó que las reformas impuestas por la Troika no se hagan de «arriba a abajo». Los Ayuntamientos, dijo, han llegado a sitios a los que nos llegaban otras administraciones, han vertebrado y llevado servicios básicos a territorios como la dispersa Sierra Norte o hecho frente a otros necesarios como vehículos para la Guardia Civil. Por eso, dijo, el concepto de efectividad no debe ser homogéneo. Además, apeló a la solidaridad con pueblos cercanos como El Viso, que se verá afectado por la ley y otros municipios cuyos alcaldes ya le avisan de reparos de Hacienda en ciertos servicios.

Entre lo más destacado del segundo turno, la defensa de que sí afectará a Mairena por parte de Copete y Gavira. El primero explicó que ya se ha puesto sobre la mesa la liquidación de Surmalcor, por informes de intervención. López, por su parte, citó la modificación del artículo 135 de la Constitución, promovida por el PSOE y apoyada por el PP, y la legislación que iba a llevar más tarde (algo que, para Gavira, nada tenía que ver). El representante popular insistió en que se trata de una medida política contra el PP y que, de hecho, a la última concentración solo acudió 1 de los 250 trabajadores municipales. Por su parte, Gavira pidió a López que no citara casos concretos desafortunados como Burguillos, a cuyo alcalde se han pedido hasta siete años de cárcel. Además, aseguró, basándose en una información de EFE, que los alcaldes gallegos se oponen a la  reforma.

Finalmente, la moción salió adelante con 13 votos a favor y 8 en contra. Mairena se adhiere así a un recurso de inconstitucionalidad que se presentará de forma mancomunada, junto a otros ayuntamientos que también se opone a la ley. Será una procuradora quien se haga cargo, servicios que pagaría el Ayuntamiento proporcionalmente. Esto provocó, por cierto, las protestas de López, que pidió a los partidos que se hiciesen cargo de algo que venía sin consignación presupuestaria. Se trata de unos 68 euros, según explicó que Gavira, que, si no puede el Ayuntamiento, los abonaría su partido.