María Antúnez apremia al pleno ante las permanentes amenazas de Sevilla a la Feria

La feria de Mairena del Alcor y el peligro que la amenaza volvió a ser puesto de manifiesto en el segundo pleno de este mes de mayo el pasado martes 9. El asunto lo volvió a sacar en el turno de Ruegos la portavoz Andalucista y concejala de Igualdad y Bienestar Social, María Antúnez, alarmada ante las noticias aparecidas en prensa la misma jornada, con el alcalde de Sevilla Juan Espadas, manifestando su intención de seguir adelante con el cambio de fecha, e intentando arrastrar en torno a su pretensión al resto de grupos políticos de la Corporación Hispalense. Su idea base, cerrar el tema antes de que finalice el próximo mes de julio.

Ante lo cual, María Antúnez armada con los recortes de la prensa del día, insistió en que se celebre ya la reunión pedida por el pleno mairenero, pues de aprobarse la medida por Sevilla será irreversible, como muchos los años en que la mairenera se vea afectada. De hecho, si Sevilla pone fecha antes del verano de 2017 como pretende Espadas, condicionará sin remedio a la Primera de Andalucía. Ante ese peligro, la edil insistió en que se consiga ya la reunión entre las partes, poniéndose en marcha cualquier otra medida de presión si no se obtiene respuesta. La concejala planteó incluso la petición de informes a las federaciones de municipios de Andalucía y de España para que se posiciones sobre si a Sevilla le asiste legitimidad para pasar por alto los derechos históricos de Mairena.

De igual modo, recordó la propuesta hecha por el grupo Andalucista, en el sentido de obtener medidas compensatorias por los daños ocasionados o que se puedan ocasionar por los solapamientos de fecha, en referencia a la ruta turística conjunta lanzada como anteriormente como idea. Insistiendo Antúnez en que lo que haga sea con el apoyo y concurrencia de todos los grupos políticos del pueblo.

Ante el requerimiento, el alcalde Ricardo Sánchez desveló que se hallaba en contacto con el regidor sevillano a través de su secretaria persiguiendo esa idea del encuentro, si bien consideró que recabar informes de las federaciones de municipios tal vez no sea posible al no mediar convenios ni compromisos escritos al respecto. No obstante, dejó entrever que Mairena no se inhibiría de lo que se tenga que hacer.

En relación con el tema, PSOE e IU solicitaron información sobre el balance de la edición ferial de este año, a lo que el alcalde respondió que aún no está cerrado. Quedando, eso sí, de manifiesto que se trata de un año excepcional también por efecto de la meteorología, lo que podría resultar un elemento de distorsión a la hora de sopesar.

Tras el pleno, María Antúnez declaraba a El Periódico de Mairena que el daño causado es evidente, una opinión coincidente con lo manifestado previamente a Radio Sevilla por la concejala de Educación, Cultura y Festejos, Gloria Guillén, dejando a las claras que es negativo para caseteros, feriantes de las tracciones y venta, trabajadores y público en general.

Reducción de distancias entre edificaciones rurales

Por otra parte, el plenario volvía a incluir en su orden del día la modificación del Plan Parcial Sector 25 de las Normas Subsidiarias, según el cual, y ahora con el visto bueno de las autoridades urbanísticas de la Junta de Andalucía al amparo de la LOUA, cuando el cambio normativo entre en vigor, será posible que los límites de separación entre edificaciones autorizadas en terreno rural puedan reducirse desde el tope actual de 200 metros hasta 75. El gobierno que forman PP y PA refrendaron la medida considerándola un refuerzo a las inversiones, asegurando que facilitará las nuevas al tiempo que se dará salida a necesidades de ampliación de empresas que se ven encorsetado en su desarrollo y crecimiento. Los dos grupos de gobierno votaron favorablemente frente a la abstención del PSOE, en línea con su posicionamiento en el tema desde el principio, aclaró Rocío Sutil, mientras que IU se opuso firmemente viendo tras la medida un intento del gobierno municipal de abrirle la puerta al colegio privado que se quiere instalar frente a La Azucena (autovía de Alcalá).

Moción institucional sin obviar discordias

El pleno elevó por unanimidad una moción institucional presentada por la Corporación Municipal de Mairena del Alcor al completo, y destinada a solicitar al gobierno que autorice que las Corporaciones Locales (las diputaciones en mayor medida) puedan invertir sus superávits en obras e infraestructuras en los pueblos. Con ese trasfondo a unísono, los matices en la forma no dejaron de ser disonantes. En principio, porque el portavoz del PP Juan Manuel López indicó a la socialista Rocío Sutil que la medida ya había sido admitida por el Congreso de los Diputados, siendo éste el órgano competente para autorizarla y no el gobierno. Añadió que debido a la presión del grupo popular la medida acababa de ser aprobada en las cortes, refiriéndose a una información de última hora del diario El País. Completó argumentos afeando a la Diputación que pida autorización para invertir su excedente en ejercicios posteriores, cuando lo que debería hacer es agotar cada presupuesto en su propio ejercicio y no transferir las inversiones a los posteriores. Criticó López finalmente que el PSOE alardee de las inversiones de la Diputación con los planes Supera, que reconoció ser ciertas, pero lo hizo criticando que éstas han subido y que se han eliminados a cambio los planes provinciales de inversiones. Para él lo ideal hubiera sido sumar ambos, sostuvo alabando la capacidad de inversiones del propio Consistorio, que ejemplificó en el millón sólo del cambio de luces de las calles.

En el lado contrario, Rocío Sutil alabó las inversiones de la Diputación a través de los referidos planes, cuyo importe último cifró en medio millón, y han permitido actuaciones en colegios, zonas de ocio e infantiles, parques y pabellones, o arreglos en buena cantidad de calles. En cambio, criticó la bajada de inversiones por parte del gobierno central en la provincia, mientras que desde IU Carlos Copete se postuló en favor de la medida aseverando que su formación ha preferido siempre que los excedentes pecuniarios se deriven a inversiones en lugar de a pagar deudas a los bancos. Finalmente, todos unieron su voto a una petición que ‘de facto’ ya es papel mojado.

Defensor del Vecino y otros asuntos

El resto de asuntos, por lo general, se aprobaron con fluidez y presididos por la unanimidad. En esa deriva se renovó la concesión de los terrenos de Cerro Trujillo al Moto Club Aleser para sus entrenamientos de moto en dichos terrenos municipales. Coincidieron los portavoces en felicitar a los motoristas por los éxitos que vienen obteniendo en competiciones.

Al margen, se unificó el nombre de toda la avenida que une las glorietas de Cervantes con la Autovía de Los Alcores en la carretera de Torreblanca (A-8026), que a partir de ahora pasará a llamarse en su integridad Avenida de Eva González. Hasta ahora la vía presentaba la problemática de su difícil identificación geográfica (repartos de correos y otras necesidades de ubicación), al hallarse deslindada en dos tramos, el segundo sin nombre.

De igual modo, se acordó volver a realizar convocatoria para la elección de un Defensor del Vecino, la figura aprobada durante el mandato pasado, pero que aún no ha podido ponerme en marcha por falta de acuerdo de los grupos. Para su elección se necesitan al menos 14 votos del pleno, sin que ninguno de los dos aspirantes a este puesto de carácter no retribuido los haya cosechado hasta el momento.

Finalmente, el visto bueno avaló la moción presentada por el PA, que defendió María Antúnez y entusiasmó a IU, cuyo portavoz César Hermosín manifestó que su grupo también a iba a presentarla pero ésta se adelantó. La propuesta persigue mejoras en la delimitación de funciones de los Educadores Sociales, a menudo víctimas de intrusismo ante la indefinición actual.

Preguntas a trancas y barrancas

El turno de preguntas volvió a convertirse en episodio de confrontación entre IU y el PP. Entre preguntas, respuestas y llamadas al orden a Carlos Copete por parte del alcalde, solicitándole que hiciera preguntas y escuchara las respuestas sin entrar en debate como recoge el reglamento, el punto se tornó tedioso. Dos fueron los temas principales de discordia. El primero la manera en que es convocado para las reuniones. Las no oficiales, sino preparatorias, se realizan y seguirán realizando a través del correo electrónico corporativo del servidor Zimbra del Ayuntamiento, como es lo habitual según le contestó María José Daza (delegada de Recursos Humanos): El asunto deviene de la cuestión planteada en el pleno anterior, sin embargo Copete pretende y asegura tener solicitado que se le notifique mediante Convoca de la Diputación Provincial, lo cual le indicó Daza sólo es común para las reuniones corporativas formales de órganos de gestión y gobierno. Entre constantes interrupciones, el portavoz de IU pretendió la intervención de la Vicesecretaria, a lo que Ricardo Sánchez le respondió que a los funcionarios, al no ser políticos, no se les puede preguntar en pleno, sugiriéndole que lo hiciera a ella por escrito.

El otro enfrentamiento volvió a estar motivado por la reinauguración de la Casa del Arte Flamenco días atrás, a la que asistieron ediles de todos los partidos salvo IU. Cada cual explicó el motivo de su presencia, señalando todos ellos que ninguno fue convocado de manera oficial sino por sus relaciones personales o profesionales con la peña. María Antúnez, por su parte, se negó a dar explicaciones al respecto.

Ya fuera de enfrentamientos, el concejal de Urbanismo dio cuenta de las actuaciones llevadas a cabo en el barrio de El Chorrillo desde los años 70 hasta hoy, en respuesta a la pregunta en el pleno de abril por Santiago Navarro (PSOE). No obstante, advirtió al concejal que facilitar esas informaciones de archivo no es asunto de su competencia, dado que él mismo los puede recabar en el archivo municipal y el gobierno sólo tiene obligación de responder de su gestión.

En cuanto al paralizado CARE, y contestando de nuevo a Carlos Copete, José Navarro informó que el tema debe de ser clarificado una vez más por el Consejo Consultivo de Granada, puesto que la empresa adjudicataria ha hecho nuevas aportaciones que entran en conflicto con las anteriores. El asunto, por ello, sigue enmarañado administrativamente.