Los ecologistas denuncian un «regalo» de la UE a Portland de Alcalá para emitir 2,1 millones de toneladas de CO2
La Plataforma Los Alcores sostiene que este plus de contaminación se le concede gratuitamente a la cementera hasta 2030, tildándolo de subvención encubierta que repercutirá en los aires de una comarca que consideran amenazada al estar convirtiéndose en zona de sacrificio industrial
El Diario Oficial de la Unión Europea (UE) ha publicado recientemente una resolución de las autoridades comunitarias por la que se concede a Cementos Portland Valderrivas, S.A. de Alcalá de Guadaíra autorización para emitir más de 2,1 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera hasta el año 2030, unos vertidos exentos de coste o contraprestación. Sobre la decisión la Plataforma contra la Incineración de Residuos Los Alcores-Sevilla ha mostrado una rotunda disconformidad, calificándola de «licencia gratuita para contaminar» durante el vigente periodo 2026-2030.
La resolución publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE C_202605089), detalla la siguiente asignación anual año a año:
En este contexto, desde la Plataforma critican que constituye una subvención indirecta a los combustibles fósiles y a la industria pesada contaminante, por lo que los ecologistas abundan en la idea de que si la cementera externaliza sus costes ambientales y sanitarios perpetúa un modelo productivo insostenible que va en dirección contraria a los objetivos climáticos de la Unión Europea.
«Lejos de incentivar la descarbonización real y la reconversión ecológica del sector industrial, la entrega gratuita de permisos de emisión frena la transición justa e incrementa la presión ambiental sobre la salud de la ciudadanía, como del entorno natural de Los Alcores y el área metropolitana de Sevilla», sostiene la Plataforma contra la Incineración de Residuos Los Alcores-Sevilla en una nota informativa difundida.
Por ello, ante esta situación exigen la eliminación de las subvenciones directas e indirectas a la contaminación, poniendo fin al reparto gratuito de derechos de emisión a la industria pesada. Igualmente, los grupos conservacionistas acogidos al paraguas de la plataforma reclaman la aplicación efectiva del principio de que «quien contamina, paga», y que en consecuencia se obligue a las empresas que lo hacen a asumir íntegramente sus costes ambientales y sobre la salud pública.
Asimismo, solicitan la implantación de medidas de protección ambiental y sanitaria reales, que garanticen el bienestar de la población local y del entorno afectados.
