Matemáticas para políticos

Al vértigo que genera el inicio de un nuevo curso escolar (nuevos retos, nuevas programaciones, nueva normativa, nuevo alumnado, en muchos casos, nuevos centros y ciudades, nuevos compañeros y compañeras, separación de la familia…), este año tenemos que sumar que por la incompetencia de nuestra clase política, a una semana, siete días, de las incorporaciones, no sabemos aun si tendremos presencialidad o tendremos que interactuar con nuestros niños y niñas y sus familias a través de la pantalla de nuestro ordenador, todo ello con el temor de saber que en el momento en el que el alumnado se incorpore a clase, si prevalece el ahorro a la salud, tanto docentes como discentes, nos vamos a cargar de papeletas para contagiarnos y contagiar a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Irresponsabilidad supina.

Desde la empatía, puedo llegar a entender que el momento que vivimos se escapa de todo orden y no contamos con experiencias previas para tirar de soluciones anteriores, pero hasta ahí me calzo los zapatos de los responsables políticos. Precisamente en estos momentos, en los difíciles, es cuando se ven las luces y las sombras de las personas y más aún, las de aquellas que viven a diario con focos y cámaras.

Viendo lo visto, los párrafos de hoy pretenden ser una clase de refuerzo de matemáticas para Celaá e Imbroda y su legión de asesores, técnicos y “dedazos”, o mejor dicho, puestos de libre disposición, que en estos meses están demostrando ser alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, bien por tener dificultades de aprendizaje, o por trastornos graves de conducta.

En esta primera parte del refuerzo, veremos un problema, en el que se nos plantea que en una ciudad andaluza, por culpa del Covid-19, por seguridad, la distancia mínima entre personas debe ser de 2 metros, por lo que el espacio vital se establece en 4 m2. Teniendo en cuenta estos datos, ¿cuántos niños y niñas, junto a su docente, pueden convivir durante las cinco horas de clase diarias en un aula, con suerte, de 50 m2? Para la Ministra y nuestro señor Consejero, la respuesta correcta es 25, 30 o 35, dependiendo de la etapa educativa, pero a la vista está que no han realizado los cálculos correctamente. La respuesta correcta sería 11,5 niños y su docente. El medio niño o la media niña, podría ir al centro, de cintura hacia abajo, los días que tuviera educación física, asistiendo de cintura hacia arriba el resto de días. Entiéndase la ironía, por no llorar.

Todo lo que no sea dar esa solución, es incumplir las normas de aplicación en estos tiempos de pandemia, por lo que debería tener consecuencias legales, no para las familias que decidan, por seguridad, no llevar a sus hijos a los centros,  sino para aquellos que obliguen a la presencialidad con los cálculos erróneos, haciendo de los centros educativos, además de lo que no son, guarderías, el caldo de cultivo idóneo para que se creen focos de contagio masivo, no solo en los centros, sino en padres, hermanos, abuelos…

Otra cosa es que cumplan con su obligación y destinen los recursos necesarios para que la vuelta a las aulas sea lo más segura posible, con una fuerte dotación de personal docente que permita atender a esos 11,5 niños en cada aula, manteniendo la distancia que se exige en otros entornos sociales, ya sea en diferentes espacios del centro o de los municipios, o bien con jornadas de mañana y tarde para cada uno de los grupos de alumnos.

La segunda parte del refuerzo está orientada a la estimación y valoración del gasto necesario para dar una respuesta adecuada a la actual situación. En Andalucía se estima que el gasto en personal docente extraordinario ascendería a unos 600 millones de euros, algo inasumible según los gestores educativos. Pero parece que la vara de medir varía mucho cuando se tiene que dar un servicio público a la ciudadanía, o cuando se perdonan deudas o se mira hacia otro lado ante el saqueo de las arcas públicas. Solamente exigiendo el pago de los 400 millones de euros perdonados a la cadena Cope, los más de 600 millones desviados de los ERE y los casi 70 millones del escándalo de la formación en Andalucía, tendríamos fondos para contratar el personal docente extraordinario durante casi dos años. Cuestión de prioridades…

No olviden que si la “escuela” para, se para la sociedad.

En definitiva, la solución pasa por una clase de matemáticas para políticos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *